¿Hay un plan B para Cataluña?


Distensión es la palabra clave en esta nueva etapa que el Gobierno de Mariano Rajoy ha emprendido para afrontar el llamado “problema catalán”, que más bien deberíamos llamar “problema nacionalista”. Gestos, muchos gestos para que los secesionistas se tranquilicen y poder llegar así a un acuerdo. Soraya Sáenz de Santamaría se ha montado un despacho en la Delegación del Gobierno en Cataluña; el lenguaje y las formas del nuevo delegado del Gobierno en esta comunidad, Enric Millo, buscan facilitar el “diálogo” y las portadas de los diarios se llenan con promesas de “respeto” a la lengua, la cultura y, no menos importante, a las finanzas autonómicas para que los separatistas acepten evitar el choque de trenes.

Todo huele a pacto. Como dijo el periodista Carles Francino en un programa de la televisión conviene un “reset” en la situación política catalana, ya que “tengo miedo que los catalanes nos acabemos haciendo daño” después de comprobar “discusiones últimamente en Cataluña con un tono y sobre unas cosas que no había discutido nunca”. Cada vez se ve más claro que el desafío secesionista no es una disputa entre “Cataluña” y “Madrid”, sino entre los propios catalanes, y muchos quieren tranquilizar las aguas de un proceso que se autodenominó “la revolución de las sonrisas” y cuya visibilidad pública ha acabado en manos de los sectores más radicales que se dedican a actos de algarada como desplantes a la justicia, quemar símbolos de esa España que odian o intentar reventar actos en defensa de la Constitución, como pasó el pasado 6 de diciembre en la localidad barcelonesa de Rubí.

El Gobierno de Rajoy busca una tregua para ganar tiempo y evitar que la agenda secesionista marque la ejecutoria en minoría parlamentaria. Por otra parte, el Ejecutivo secesionista de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras tiene claro que el llamado “procés” ha entrado en un callejón sin salida y que es necesario encontrar algo digno que puedan vender a su electorado como un “triunfo” sobre el “Madrid opresor”. Un avance en su viaje hacia su deseada Ítaca, hacia esa fantasmagórica República Catalana en la que los votantes catalanes de C’s, PP y PSC son vistos como “adversarios” del “pueblo catalán”.

La CUP, tan útil en un momento concreto del proceso independentista, comienza a ser molesta. Poco a poco, tanto la antigua CDC (ahora PDC) como ERC la irán arrinconando para que al final todo quede en un duelo a dos. Entre Junqueras y el candidato que designen las huestes del ex presidente Artur Mas. Una vez que el PSC ha sido reducido a un papel de fuerza política menor el sueño húmedo de los dirigentes de ERC está al alcance de su mano. Disputarle de tú a tú, y ganarle, la partida al actual PDC. El líder republicano quiere ser lo que fue Jordi Pujol en los 80 y los 90, el “pal de paller”, el eje alrededor del cual gire la política catalana. Y para eso necesita tranquilidad, venderse como el hombre necesario, como la persona que soluciona problemas, no el que los crea. De ahí que su perfil en los últimos meses se haya diluido y haya pasado de ser la reencarnación de Braveheart a transformarse en el Gran Negociador.

Está claro que tampoco pueden retirar del todo el soma independentista a los centenares de miles de catalanes a los que han convencido que la secesión estaba al caer y sin esfuerzo. Las negociaciones que, sin duda, se están produciendo tras las bambalinas se alternan con los excesos de la auténtica infantería del “procés”, los medios de comunicación de la Generalitat y los medios privados adictos que han sido generosamente regados con dinero público. Así podemos ver como Junqueras se digna asistir a un organismo autonómico (aunque ya habían pasado esa “pantalla” de su videojuego particular) como el Consejo de Política Fiscal y Financiera mientras en TV3 y en Catalunya Ràdio se miente sobre la detención en su domicilio de la alcaldesa de Berga. Afirmaron que fue por colgar una bandera estelada en el Ayuntamiento, pero el motivo fue que se había negado a comparecer delante de los tribunales a pesar de los múltiples requerimientos que recibió durante meses. La televisión pública de la Generalitat convirtió un delito de desobediencia a una autoridad legítima, en un ataque a la libertad de expresión y de pensamiento. No es un hecho aislado. Cualquier concentración de veinte secesionistas hiperventilados gritando consignas de odio a los símbolos comunes de todos los españoles recibe una generosa cobertura en este sector de la prensa. Y personajes como Empar Moliner son premiados con más minutaje en los medios públicos por incitar al odio y por quemar un ejemplar de la Constitución en directo.

Todos están locos por pactar, y se verá mucha escenificación entre el Gobierno de Rajoy y el de Puigdemont/Junqueras. Y mucha gesticulación para calmar a las respectivas parroquias mientras bajo mano se busca una solución. Hay catalanes defensores del proyecto común español que están muy preocupados, temen que se reedite el caso de Aleix Vidal-Quadras de 1996. Que los constitucionalistas catalanes vuelvan a ser la moneda de cambio para apaciguar a los secesionistas. Que se siga avanzando en el atropello a los derechos de los castellanohablantes en las escuelas públicas catalanas y en todos los niveles de la administración. Que se siga regando a tertulianos, periodistas y columnistas adictos con el dinero que se niega a la sanidad. Que los académicos y profesores de universidad que creen en la convivencia entre todos los españoles sean arrinconados mientras los que difunden la ruptura de lazos son premiados.

No es un temor infundado. El ejemplo de los medios de comunicación públicos de la Generalitat es un buen espejo de como los secesionistas consideran que debe ser su Cataluña. Tertulias de cuatro separatistas, con el apoyo del moderador, contra un osado comunicador que cumple el papel de constitucionalista de guardia al que sacudir. Un antiguo showman metido a periodista que masajea a uno de los asesinos del empresario Bultó y le acaba definiendo como “un gran reserva del independentismo”. Programas en el que se falta al respeto a los votantes, militantes y dirigentes de partidos constitucionalistas sin que nadie dimita. Por lo tanto, es normal que muchos piensen que si hay pacto entre el Gobierno de Rajoy y la Generalitat, y por lo tanto todo el desafío secesionista y su huida hacia adelante les sale gratis, a partir de ahora se va a instalar una especie de barra libre en el que todo aquel catalán que discrepe del pensamiento único separatista va a ser obsequiado con la muerte civil.

Pero soy optimista. No me preocupa el posible pacto entre Rajoy y el dúo Puigdemont/Junqueras si es un paso atrás para conseguir impulso. Si Moncloa y los cuerpos superiores de la Administración General del Estado tienen una hoja de ruta para reconquistar los corazones de los catalanes que han sido envenenados por la manipulación de los líderes secesionistas, no me importaría que se llegara, a corto plazo, a cierto nivel de pasteleo entre ambos Gobiernos.

Los separatistas han ganado la primera parte del encuentro. Han impuesto su lenguaje, han conseguido que millones de catalanes se crean un relato falso, el de que Cataluña es maltratada (sobre todo fiscalmente) por el resto de España y que con la secesión se viviría mejor y habría más libertad. También han copado los principales lugares de poder y prestigio de las administraciones públicas, las universidades y la sociedad civil. Pero no han ganado el partido. Todavía somos millones los catalanes que creemos que España vale la pena. Necesitamos que nos apoyen, que no nos sintamos solos cuando tenemos que enfrentarnos a una maquinaria de propaganda muy eficaz y muy bien engrasada. Y, sobre todo, el Gobierno de todos los españoles ha de desmontar una a una las mentiras que los separatistas difunden.

Hace falta un plan B. Yo quiero creer que sí lo hay, que España no se puede permitir el lujo que Cataluña se acabe separando por desidia de sus gobernantes. De ahí que espero que mis esperanzas sean una realidad. Las mías lo son por razones sentimentales y cívicas, de querer pertenecer a una gran democracia como la española. Pero espero que, al menos, aunque solo sea para que 200.000 millones del PIB español no se evaporen, en “Madrid” alguien tenga una hoja de ruta para revertir los treinta y cinco años que nos llevan de ventaja los secesionistas desde que en 1980 Jordi Pujol accedió a la Presidencia de la Generalitat y comenzó su plan de “construcción nacional”.

Sergio Fidalgo
El Mundo